El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso presentado por la defensa legal de Vladimir Cerrón, que pretendía un nuevo pronunciamiento del colegiado sobre la posibilidad de anular la sentencia en su contra por el delito de negociación incompatible.


Mediante el Expediente 01907-2021-PHC/TC, el máximo organismo constitucional declaró improcedente el recurso de reposición presentado por el abogado del exgobernador regional de Junín, para que se revise el habeas corpus a favor de su patrocinado y por el cual se pretendía revocar la condena de cuatro años de prisión.

En consecuencia, la sentencia contra Cerrón sigue vigente por los delitos en contra de la administración pública, modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado.

El TC alegó que no puede volver a pronunciarse porque aún existe un recurso extraordinario (casación) ante la Corte Suprema, por lo tanto, el proceso aún está en discusión y no hay “firmeza” total sobre el tema.

Es decir, si bien hay una condena contra Cerrón, aún no se han agotado todos los recursos ante el Poder Judicial. Con ello se mantiene también la inhabilitación que se le dictó para ejercer cargos públicos por un año.

«Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, y con la participación de la magistrada Marianella Ledesma Narváez, en reemplazo del magistrado Carlos Ramos Núñez, conforme a lo dispuesto en la resolución administrativa 172-2021-P/TC, resuelve declarar improcedente el recurso de reposición, entendido como una solicitud de aclaración», indica la resolución.

El recurso de reposición tenía la finalidad de que el TC aplique el nuevo Código Procesal Constitucional y vuelva a calificar el recurso de habeas corpus (que rechazó), para que se anule su condena.

Firman la resolución los magistrados Marianella Ledesma, José Luis Sardón y Eloy Espinoza-Saldaña.

Como se recuerda, el Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín, condenó a Cerrón Rojas y al alcalde de Huancayo, Henry López, a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito en contra de la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano.

El ilícito habría sido cometido en el proyecto del saneamiento de La ciudad de La Oroya, capital de la provincia de Yauli, durante su primera gestión regional de Cerrón (2011-2014); el burgomaestre huancaíno se desempeñaba como gerente general.

La sentencia fue dictada por la jueza Susan Carrera Túpac Yupanqui, quien, además, determinó que los condenados deberán pagar, en forma solidaria y en un plazo máximo de seis meses, 850,000 soles por concepto de reparación civil.

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